En Euro Seating, fábrica de butacas riojana, uno de los delegados de este sindicato recogió y publicó firmas a favor de la empresa en el contexto de un conflicto laboral y judicial. Varios trabajadores aseguran que fue de uno en uno pidiendo que firmasen. El delegado acusado ha respondido «ni confirmo ni desmiento», mientras que Miguel Rello, Secretario General de CCOO Industria de La Rioja, asegura que «no pueden hacer nada».
El caso de la fábrica Euro Seating pone de manifiesto algunos problemas del sistema sindical. En pleno conflicto laboral y judicial de UGT y CCOO con la empresa, uno de los representantes de este segundo sindicato ha recogido firmas a favor de la patronal y a espaldas de su organización. Dichas firmas tenían como objetivo el respaldo de un comunicado en defensa del empresario.
Varios trabajadores aseguran que son firmas «sin DNI», y que por lo tanto «algunas pueden ser falsas». También, aseguran que, a algunos, les metieron «a un cuarto» donde se les pidió que firmasen a favor de «unas preguntas teledirigidas».
Por su parte, Miguel Rello ha respondido a este medio que en CCOO no se tenía conocimiento de esa recogida de firmas ni de ese comunicado. No obstante, asegura que no pueden hacer nada. «Cuando te presentas por un sindicato, aunque luego el sindicato no te apoye, no te puede dar de baja».
Lo cierto es que es la propia plantilla quien puede revocar a estos representantes. Primero, si un tercio de los empleados y empleadas con derecho a votarle convoca una asamblea. Después, si en esa asamblea más de la mitad votan por la destitución. Así, el delegado dejaría de serlo. En este caso, el representante tiene categoría de técnico, ya que fue votado en las oficinas. Con lo cual, son nulas las opciones de la plantilla de fábrica pese a que les afecta directamente.
Todo esto se enmarca en el contexto de un conflicto laboral que, según los denunciantes, terminaría si la empresa cumpliera la ley. Varios casos se encuentran judicializados, como el cobro del plus de transporte por convenio —que la dirección se niega a abonar—, o el pago de un retraso de 450 euros a cada trabajador y trabajadora —también, por convenio.
Este enero, un juzgado ha fallado a favor de uno de los trabajadores. Se ha considerado que su rizartrosis —a los 36 años— es una enfermedad laboral. Aún pueden recurrir tanto la mutua, como la empresa, como la Seguridad Social.