En 2026 se cumplen diez años de extracción regular de agua y muchas voces señalan efectos negativos en el ecosistema. Sin embargo, existe un desconcierto generalizado fruto del silencio institucional. Hay confusión sobre el lugar de donde se extrae el agua, así como sobre el lugar hacia el que viaja. En este reportaje vamos a intentar aclarar todos los puntos oscuros que hay alrededor de este plan de abastecimiento.
El acuífero Pradoluengo-Anguiano forma parte de la cuenca del Ebro. Conecta con varios ríos, burgaleses y riojanos. Y es en territorio riojano, concretamente en Ezcaray, donde se ha convertido en centro de una polémica. Dos pozos gubernamentales, de un total de cinco en las inmediaciones del Oja, extraen agua del acuífero de manera regular desde hace diez años.
Estudios hidrogeológicos demostraron la conexión entre este almacén natural de agua y el río. Un río que, en la actualidad, desaparece durante varios meses al año.
No obstante, para conocer bien este conflicto debemos comenzar por conocer de dónde se extrae el agua, para entender el problema. Y, para entender la trama, debemos seguir un orden cronológico.
Los acuíferos
Víctor Gómez-Escalonilla es hidrogeólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Explica que, el terreno al que nos referimos, está formado por materiales calizos que absorben el agua que aporta la sierra. Así, se forman bolsas en las que se va acumulando. «En este tipo de sistemas geológicos, la cantidad de agua que hay en el río depende totalmente de los acuíferos subterráneos. De hecho, en este tipo de ríos, cuando vemos que baja agua es porque el nivel freático está cortando la superficie». Con lo cual, si baja ese nivel, dejamos de ver el caudal del río.
Esto pasa porque el río Oja está conectado con el acuífero calizo. Así lo demostraron los estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y así lo explica Víctor: «Lo que se deriva de esos estudios es que, cuando comenzaron los ensayos de larga duración, el río Oja perdía agua muy rápidamente. De hecho, cuantificaban cuánta de la que salía pertenecía a la superficie».
Sin embargo, esos estudios se realizaron en el año 2017. Con lo cual, llegaron tiempo después de las primeras pruebas. En septiembre de 2012 se comprobó hasta dónde podía afectar la extracción de agua del acuífero Pradoluengo-Anguiano. No obstante, en aquella ocasión no parecía haber personas expertas supervisando.
El proyecto y sus pruebas
El viernes, 7 de septiembre de 2012, Gerardo Hernando recibió una llamada de un compañero de la Asociación de Caza y Pesca. Nos relata que esta persona, José Luis Malvesado, estaba desolada. Había presenciado cómo el río desaparecía bajo sus pies en cuestión de minutos. Acto seguido, un grupo de personas, entre ellas Gerardo y José Luis, acudieron al rescate de la fauna piscícola. Los peces se encontraban boqueando en charcas aisladas. Miles de ejemplares ya habían muerto.
En esa extracción, Ojacastro (pueblo limítrofe a Ezcaray) se había quedado sin agua de boca. Poco después, supieron que, lo sucedido, correspondía a las consecuencias de unas «pruebas» que el Gobierno de La Rioja estaba realizando. «Aún conservo el bando de Santo Domingo (pueblo cercano al lugar de los hechos) donde se avisaba de que aquellos días iba a haber problemas con el suministro de agua». Cuatro personas, entre ellas un habitante de Ojacastro, Gerardo y José Luis, acudieron al cuartel de la Guardia Civil a denunciar los hechos como delito contra el medio ambiente.
Según Íñigo Nagore, Consejero de Medio Ambiente en 2012, los bombeos fueron realizados por Acuaebro (ahora Acuaes), sociedad estatal dependiente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Todo era producto de un convenio firmado entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y esta empresa. Formaba parte del marco de las obras de abastecimiento de agua potable a distintos municipios de La Rioja (el sistema Oja-Tirón). El presupuesto fue de casi 25 millones de euros y la gestión del pozo correría a cargo del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (organismo perteneciente al Gobierno de La Rioja). Ni el Consorcio, ni Acuaes, han querido hacer declaraciones; al igual que Íñigo Nagore, Noemí Manzanos (actual Consejera de Medio Ambiente), Diego Bengoa (alcalde, entonces y ahora, de Ezcaray, lugar donde se encuentran los pozos) y el Partido Popular de La Rioja (partido de Gobierno, entonces y ahora).
Por su parte, la CHE reconoce que no autorizó las pruebas de 2012. No obstante, admite que la sanción de este organismo anunciada contra Acuaebro no prosperó —tras contar con diversas alegaciones—. Del mismo modo, la sanción por parte del Gobierno de La Rioja contra la misma empresa prescribió sin ser pagada.
En aquel entonces, la presidenta de Acuaebro era Aránzazu Vallejo Fernández, exvicepresidenta del Gobierno de La Rioja y exconsejera de Medio Ambiente. Por eso, Jesús María García, portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Parlamento de La Rioja, sospecha. «Aránzazu Vallejo había legislado, había tenido poder. La situación era la que era. El proyecto lo realizaba el Gobierno de La Rioja, del Partido Popular; y las obras Acuaes, cuya presidenta había pertenecido al mismo Gobierno. Desconozco si se podría haber sido más contundente con las sanciones, pero el caso es que todos eran del mismo partido». Asegura que, en otras ocasiones, se habían puesto multas más altas con menor índice de mortandad en la fauna.
Mientras tanto, la querella interpuesta por Gerardo Hernando, José Luis Malvesado y demás ciudadanos, se archivaba pese al relato de la Guardia Civil que acreditaba un delito ecológico. El fiscal, justificaba que «las conductas ejecutadas (…) serán punibles sólo si se produce o pudiera producirse un perjuicio grave del ecosistema, no bastando la producción real o eventual de un daño sustancial». Es decir, murieron miles de animales pero la justicia no consideró que se hubiera causado un perjuicio grave al ecosistema.
Con todo, el ambientólogo Rubén Llorente detalla las consecuencias de la desaparición temporal del cauce de un río: «Para empezar, la vida de los propios peces. También, desaparece el hábitat de las riberas, se alteran las redes tróficas y se deja lugar a especies invasoras. Y tiene consecuencias sobre el agua que sí queda, que se hace más vulnerable a la contaminación, a la falta de oxígeno y al aumento de temperaturas».
Para realizar este reportaje, y en virtud de la ley 27/2006 por la que se regula el acceso a la información en materia de medio ambiente, se ha hecho una solicitud a la Consejería correspondiente. Para completar el relato, se han pedido los expedientes relacionados con las consecuencias de aquellas pruebas de septiembre de 2012. La respuesta, con firma de José María Infante Olarte (Director General de Calidad Ambiental en 2012), fue que «no consta expediente».
Y es que, para la Consejería no había pasado nada. En 2016, diversos ayuntamientos recibieron una carta en la que se les convocaba a una reunión. La CHE había autorizado la puesta en marcha del proyecto. Aún no se habían realizado estudios profesionales de impacto ambiental, que llegarían en 2017 por parte del IGME y acreditarían la afección. Pero sí se había invertido mucho dinero y el proyecto no podía echarse para atrás.
El porqué del proyecto
Jesús María García relata por qué el Gobierno decidió realizar ese proyecto. «La cuenca del Oja es una cuenca con muchos problemas en las redes internas de distribución del agua de boca. Así que se optó por un sistema que pudiera garantizar ese servicio durante todo el año». Pero David Fernández, miembro de la organización ecologista Amigos de la Tierra, matiza: «Uno de los problemas de base es el exceso de nitratos que contamina los acuíferos de la mayoría de los pueblos». Con lo cual, dice, si esos acuíferos se saneasen, podrían seguir recurriendo a sus tomas y no tendrían que buscar agua. «Se emplean fertilizantes por emplear, sin analizar las necesidades del suelo o las posibilidades de cultivo en según qué zona».
El hecho es que, una vez comenzaron los bombeos regulares, se instigó a adherirse a múltiples pueblos que no tenían necesidad. Poco después, la mayoría de ellos se desengancharon de esa toma, porque las facturas que llegaban eran excesivas. Dos de esos ayuntamientos fueron Ojacastro y Santurde, que ahora han vuelto a coger agua de sus manantiales sin coste adicional.
Y es que, como cuenta Jesús María García, «la obra tuvo unos grandes sobrecostes, más allá de lo presupuestado. No se sabía si la obra iba a ser rentable». Esto puede explicar la incitación, por parte del gobierno regional, a los ayuntamientos del mismo color político a adherirse a algo innecesario —y el precio que el Consorcio de Aguas le pone al agua.
Otro hecho relevante es que, en un principio, no salía el agua que esperaban. Por ello, hicieron más pozos. Funcionan dos de manera regular, uno de manera ocasional, y dos se encuentran inactivos. Está proyectada la activación de uno de estos últimos.
Por lo tanto, concluimos que, tras la inversión de más de 25 millones de euros de dinero público, no conseguían el agua necesaria, aparentemente el proyecto afectaba de manera directa en el ecosistema, y la gestión del agua que se extraía era y sigue siendo con una mentalidad empresarial.
Aquellos polvos y estos lodos
Leonardo, exganadero en Ojacasto, cuenta cómo nunca se tuvo que preocupar del abastecimiento de agua para su ganado. «Las vacas iban de una en una a los arroyos. Nunca les faltaba agua». Sin embargo, Álvaro Capellán o Fernando Marín, ganaderos en la actualidad, describen un monte sin arroyos y un ganado que bebe de cisternas que se han llenado con agua de boca. «Yo no he tenido que comprar agua, de momento, pero conozco compañeros que sí han tenido que hacerlo», asegura Fernando. «Conozco una fuente que no se había secado en noventa años y ahora está seca», explica Álvaro.
Jorge Capellán, agricultor, alerta de que los cauces de riego desaparecen más pronto cada año. «Llegas un día a regar, y ves que no hay agua. De un día para otro».
Nos encontramos, pues, con un atentado al ecosistema documentado y acreditado por varias partes —incluida la Guardia Civil— y sin responsables legales. Nos encontramos con años de secretismo, y unos organismos y unas personas gestoras que no quieren hablar —a excepción de la CHE, que lo hizo con condiciones y defectos—. Nos encontramos con un proyecto multimillonario que no está dando los frutos que se esperaban y que, aparentemente, afecta de manera directa al ecosistema. Pero, aún más, nos encontramos con que, para las instituciones riojanas, el agua no tiene valor; tiene precio.