Una legislación genérica, la permisividad municipal y la falta de sanciones afectan directamente a las personas con limitaciones de movilidad física. Todavía se encuentran a diario con multitud de barreras arquitectónicas. Todo un marco legal regula la accesibilidad a locales y servicios de uso público.
«Desde que adquirí la discapacidad, ese fatídico día en el que quedé en silla de ruedas, he tenido que dejar de hacer muchas cosas y de ir a muchos lugares, y no por falta de ganas». Escribe Eva, «poeta y escritora, discapacitada», que dice intentar abrirse «camino en el mundo “normal”». Y, sin embargo, se sigue «encontrando con barreras arquitectónicas, y lo que es peor, barreras mentales» después de treinta años.
Al final de su escrito, Eva reivindica: «Quiero ser independiente. Quiero poder entrar en todos los sitios, que tengan baños adaptados. Quiero poder viajar, que toda la información de accesibilidad esté publicada en las webs oficiales de hoteles, restaurantes…, con fotos que garanticen dichos datos, sin tener que contactar con cada uno de ellos y esperar días a que envíen la información que solicito. Quiero tener la libertad de decidir si quiero hacerlo sola o pedir ayuda. No quiero obligaciones, mandatos, exigencias sobre mi persona».
Asimismo, cuenta a Radio Diferida algunas experiencias de la vida cotidiana. Luchas diarias con las que tienen que lidiar. Como cuando consiguió que adaptasen la entrada a una oficina del SEPE. «Quise poner una queja porque no era accesible y el director me echó. Escribí una carta a la dirección provincial y no me hicieron caso. Después, escribí una carta al director que publicaron en el Diario La Rioja». Cuando esa carta se hizo pública, cambiaron la entrada del SEPE para hacerla accesible.
También cuenta que «hay pocas líneas de metro adaptadas, y en los trenes, en muchas estaciones ni siquiera hay ayuda». Asegura que, para ellas, viajar tiene muchas preocupaciones añadidas —hoteles, etc.—. No obstante, reconoce que «vamos avanzando».
Pero la experiencia de Eva muestra que, a pesar de haber un marco normativo, la realidad cotidiana de muchas personas con movilidad reducida está llena de barreras arquitectónicas. No obstante, varias normativas estatales, autonómicas y municipales regulan la accesibilidad a locales de uso público o de concurrencia pública.
Las normativas
La Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establece el marco de igualdad al respecto. Mientras, el Real Decreto 505/2007, regula las condiciones básicas de accesibilidad en edificaciones y espacios públicos. Este último, estipula que desde 2019 «todos aquellos espacios públicos urbanizados y edificios existentes que sean susceptibles de ajustes razonables» deben estar ya adaptados. También desde esa fecha, en su artículo 2 expresa que «en todo edificio existirá un itinerario accesible fácilmente localizable que comunique al menos una entrada principal accesible con la vía pública y con las plazas accesibles de aparcamiento».
Sobre este marco, se complementan otras normas estatales.
Hablamos primero del Real Decreto Legislativo 1/2013. Esta ley, en su artículo 22, defiende que «las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida», e incide en «asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas». Mientras, en el artículo 23 habla de las «exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos». Este real decreto integra y actualiza leyes anteriores.
Sumado a esto, contamos con el Real Decreto 193/2023, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad. En su artículo 5 reclama que «los edificios y espacios públicos urbanizados (…) en los que se provea de bienes o se presten servicios al público, deberán reunir las condiciones básicas de accesibilidad (…) establecidas». Esta normativa de 2023 actualiza y complementa la anterior, de 2003.
Todos estos reglamentos forman un marco normativo conjunto. La Ley 51/2003 establece unos principios generales, mientras que los reales decretos desarrollan obligaciones técnicas más concretas.
A esta legislación, se suman las normas autonómicas y municipales —según cada región y localidad.
Su aplicación
A pesar de este marco legal, la experiencia cotidiana de las personas como Eva muestra que las barreras siguen existiendo.
Fuentes del ámbito jurídico explican que «las leyes dicen cosas muy genéricas. No las desarrollan en reglamentos, ni desarrollan su código sancionador». Es decir, todo el marco normativo que rige la accesibilidad y la igualdad no se traduce en una norma municipal concreta y con unas sanciones determinadas. «Desde el gobierno regional no pueden ir a un ayuntamiento y obligar a cumplir esa ley, porque son administraciones diferentes».
A esto se añaden los vacíos legales o picarescas. Como ejemplo, el hecho de que si se abre un comercio nuevo tiene que ser accesible: «No exactamente. Si es completamente nuevo, sí. Pero si es un antiguo local que se reabre y se mantiene en la misma actividad económica, no». Esto es que si un restaurante abre donde antes había un restaurante no accesible, no tiene obligación de hacerse accesible.
En algunos casos, se da que sí hay una normativa al respecto en un ayuntamiento, pero choca con la de movilidad. «Por ejemplo, la entrada del coche en zonas peatonales. En Logroño, hay una normativa que deja entrar con vehículos a personas con determinadas limitaciones. Pero choca con la de no meter coches en zonas peatonales, así que suelen multar».
A esto se añade la dotación o no de presupuestos, como la necesaria para tener un inspector competente. O los lugares que cumplen, pero lo hacen con rampas de difícil acceso.
En definitiva, el problema radica en que es de obligado cumplimiento, pero no hay sanciones directas o, las que existen, no se aplican. Son normativas sin desarrollar. Normativas a medias.
No obstante, existen organismos públicos como el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).
El CEAPAT
Este organismo depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Se dedica, entre otras cosas, a asesorar a locales para su adaptación a la accesibilidad y la igualdad. Proporciona orientación técnica, recomendaciones sobre diseño o señalización, o proporciona guías para la adaptación.
La movilidad física es algo que se da por hecho. Sin embargo, debemos ser conscientes de que convivimos con personas para las que nuestras rutinas son equivalentes a sus barreras. Desde las instituciones públicas existe el deber de hacer cumplir unas leyes que buscan igualdad entre las personas.
El esfuerzo de cruzar una puerta también es subjetivo. La responsabilidad de una sociedad sana y un Sistema competente es hacerlo más objetivo entre todos.