Esta riojana está especializada en violencia de género. Hace años que trabaja en la ayuda a mujeres para tender puentes hacia una vida independiente. Nos habla de algunas reivindicaciones del sector.

Jénnifer Arín Blanco es Educadora Social. Trabaja para la Diputación de Álava. Atiende a mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género. También, en el supuesto, a las personas a cargo de esas mujeres. «Las acompañamos en un proceso de integración global. Cobertura residencial, acompañamiento jurídico, tramitación de prestaciones económicas a las que tengan derecho, tratamiento terapéutico si lo desean…»

«Una eterna lucha es con los procesos que pueden garantizar dar cobertura de seguridad a las mujeres». Asegura que «no siempre se les adjudican órdenes de protección». Pero también nos cuenta que «no hay recursos suficientes, o no se configuran de la mejor manera». Por ejemplo, a día de hoy «los servicios de atención son escasos para el volumen de mujeres y familias que hay que atender». Con esto, «tardan mucho en salir de nuestros servicios porque no pueden encontrar alternativas». «Puede que haya mujeres que se están recuperando, están yendo a terapia y se encuentran mejor, y han podido desvincularse de su agresor. Pero los recursos que tienen no garantizan una salida porque no hay manera de encontrar una vivienda», por ejemplo. Y, «a nivel de intervención propia en violencia de género, otra dificultad está en la lucha en los procedimientos judiciales, que revictimizan a la víctima y son muy duros».

En cuanto a servicios sociales, reitera que «tampoco hay recursos. No hay recursos suficientes para atender a personas a nivel de calle, o en situación de dependencia, o para atender a menores…»

«Los Servicios Sociales deberían ser públicos». Sin embargo, este tipo de servicios son subcontratados a entidades privadas, por parte de las diputaciones. Y a ambas van dirigidas sus reivindicaciones. «A nivel de sector de intervención, reclamamos mejoras en nuestros servicios, ampliación de recursos… Pero va todo muy lento, y la respuesta institucional va al ritmo que va, y son respuestas políticas. Van a la moda. Si ahora toca las residencias de mayores, dejamos de lado lo demás, y si ahora toca la violencia sexual, pues lo mismo». Cuenta cómo, ahora, «en Álava se han destinado muchos recursos a combatir la violencia sexual, cuando lo que hacen falta son recursos alojativos».

«Que lo gestionen empresas privadas, de nuevo implica que no sea una atención eficaz». Tal y como pasa con la dependencia o las residencias de mayores, «se abaratan los costes con la reducción de los recursos humanos». Que un servicio esté gestionado por la Diputación, «implica que pueda haber ratios mayores y, por lo tanto, mejor servicio». «He trabajado en el centro privativo de libertad para menores del País Vasco, que lo gestiona el Gobierno Vasco, y las condiciones de trabajo son mucho mejores».

Con todo esto, Jénnifer asegura que, aun así, en Euskadi «probablemente sea la comunidad que más se invierte en Servicios Sociales, y donde las condiciones de trabajo son mejores». Lo cual no significa que dejen de pedir «mejoras en las condiciones y acceso a más recursos».

Nota:

Imagen de portada generada con inteligencia artificial.